"El pan de cada día"
Crédito: Nicolás Andrés Ontibono Ochoa
Braig et al. (2015) diferencian en desigualdades socio-económicas, desigualdades socio-políticas y desigualdades socio-ecológicas (o socio-ambientales). Mientras la primera categoría incluye asimetrías en cuanto al accesos a medios económicos (ingresos y riqueza), la segunda categoría problematiza las desigualdades con respecto a recursos de poder (i.e. políticos). Se basa en la observación de que las personas pueden ser desiguales con respecto al acceso a recursos de poder y sus posibilidades de influir en el entorno en el que viven (Kreckel 2004). Además, se puede concebir las consecuencias de desigualdad de decisiones políticas como desigualdades políticas (Dubrow 2015). Bajo condiciones de alta desigualdad, los grupos o individuos menos privilegiados y pobres no tienen las mismas oportunidades de participación y decisión que los individuos con más recursos porque tienden a vivir en áreas marginadas, carecen de acceso a información y formación y no disponen de recursos o contactos necesarios que les permitan hacer escuchar sus voces. En consecuencia, muchas veces no se toma en cuenta sus necesidades y aspiraciones. Además, existe evidencia que los responsables de la toma de decisiones tienden a velar más por los intereses de la clase media y alta (Bartels 2008; Gilens 2012; Volscho y Kelly 2012).
El tipo de “desigualdades socio-ecológicos” recoge un aspecto nuevo e incluye la relación entre seres humanos y la naturaleza en el estudio de las desigualdades. El concepto se refiere a asimetrías en cuanto a la posibilidad de vivir en un medio ambiente limpio y saludable. Tanto los efectos del cambio ambiental a nivel global (cambio climático) como los peligros para el medio ambiente que emanan desde la producción industrial y de la mercantilización de la naturaleza, por ejemplo, en las industrias extractivas, impactan a las sociedades de una forma desequilibrada. De esta manera refuerzan antiguas desigualdades o crean nuevas. Debates académicos en torno a los conceptos de la justicia ambiental o la ecología política se han dedicado plenamente a este tema. Mientras la primera se centra en la relación entre pobreza y riesgo la segunda apunta a entender cómo el acceso al conocimiento y el control de la naturaleza se encuentran mediadas por las relaciones sociales de poder (Dietz y de Losada 2014).